El Gobierno nacional habilitó un mecanismo para bloquear celulares dentro de las cárceles provinciales, siempre que las provincias decidan adherir al protocolo. La medida apunta directamente a evitar que personas privadas de su libertad utilicen teléfonos para continuar manejando actividades delictivas desde las celdas.
El sistema permitirá bloquear el IMEI del equipo, la tarjeta SIM y hasta la línea telefónica, dejando prácticamente inútil el dispositivo dentro del establecimiento. La iniciativa surgió a partir de un pedido de Mendoza y extiende a los penales provinciales un mecanismo que ya se utilizaba en las cárceles federales.
Desde Nación aseguran que el objetivo es cortar una de las vías utilizadas para coordinar estafas, amenazas, extorsiones y otros delitos desde prisión. Pero la medida también vuelve a poner bajo la lupa los controles dentro de los penales: si los celulares están prohibidos o restringidos, ¿cómo llegan tantos teléfonos hasta las celdas?
Además, el protocolo establece que la tecnología utilizada deberá ser lo suficientemente precisa para no dejar sin señal a vecinos, comercios ni personas que viven alrededor de las cárceles. Ahora la pelota queda del lado de las provincias: deberán decidir si adhieren y aplican el bloqueo. ¿Se terminó el celular en las cárceles o los presos encontrarán otra forma de seguir comunicándose?
